A finales de 2008, la crisis económica que empezaba a afectar al mundo, provocó unos efectos devastadores en la economía islandesa. Para intentar solucionar el problema, se nacionalizaron en octubre los principales bancos del país, cuyos principales clientes estaban en Reino Unido y Holanda, clientes a los que tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia era demasiado importante como para solucionarlo. Por otro lado, la moneda se desplomó y la bolsa suspendió su actividad tras un hundimiento del 76%. De este forma, el país entró en la bancarrota.
El gobierno, ante esta situación, solicitó oficialmente ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos.
Mientras tanto, las protestas ciudadanas frente al parlamento en Reykjavik iban en aumento y su presión fue tal que el 23 de enero de 2009 se convocaron elecciones anticipadas y, tres días después, las caceroladas - ya multitudinarias - provocaron la dimisión del Primer Ministro, el conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque, siendo el primer gobierno que cae a causa de la crisis mundial.
El 25 de abril se celebraron elecciones generales, de las que salió un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir.
A lo largo del 2009, continuó la pésima situación económica del país, por lo que se propuso una ley en el Parlamento que cuestionaba la devolución o no de la deuda adquirida con Gran Bretaña y Holanda, una deuda que habría sido pagada por las familias islandesas durante los próximos 15 años. Ante la polémica de la ley, esta salió a referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consiguió, así, una nueva victoria de forma pacífica.
El FMI congeló, de este modo, las ayudas económicas al país.
A raíz de oto lo ocurrido, el gobierno inició una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis: comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. Incluso la Interpol dictó una orden internacional de arresto contra el ex-Presidente del Kaupthing, Sigurdur Einarsson, un banco comercial.
NUEVA CONSTITUCIÓN
En este contexto de crisis, se eligió una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución que recogiera las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituyera a la de entonces, una copia de la constitución danesa. Para ello, se recurrió directamente al pueblo soberano: se eligieron 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comenzó su trabajo en febrero de 2011 y presentó un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebraron por todo el país, dando lugar a su actual constitución.
Y para terminar, otra medida “revolucionaria” del parlamento islandés: la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación (Icelandic Modern Media Initiative ), un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión. Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información donde se protegan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística; el infierno para EEUU y el paraíso para Wikileaks.
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